La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) presentó una queja formal ante la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental, liderada por el director ejecutivo, Daniel Schmerler, alegando que el Estado peruano incumplió el artículo 18.3 del Capítulo 18 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. (TLC), que prohíbe debilitar o reducir la protección ambiental para promover el comercio o la inversión entre las partes.
La queja, fue suscrita por Hugo Che Piu Deza, gerente general de DAR, y respaldada por un conjunto de organizaciones y miembros de la sociedad civil como CooperAcción, la Red por una Globalización con Equidad (RedGE), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Confederación Nacional Agraria (CNA), el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (Mocicc), y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) entre otras.
DAR denuncia una falta de aplicación efectiva y un debilitamiento en la protección ambiental, que, según la organización, va en contra de los compromisos asumidos en el TLC.
La denuncia cuestiona la reciente aprobación de la Ley N.º 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la cual legarizaría la deforestación en la Amazonía sin la debida formalización. También la denuncia contiene la exigencia de la derogación de la Ley N.º 31973, que instaura disposiciones para acelerar esta actividad, y las normativas asociadas para alinear el marco legal peruano con los compromisos internacionales del TLC.
También solicitan la anulación de los actos administrativos y acciones aprobadas bajo esta ley, y piden mayor transparencia legislativa al requerir información oficial sobre los intentos de debilitar la legislación forestal.
Esto incluye especialmente las medidas relacionadas con las especies protegidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), a través del Proyecto de Ley N.º 7085-2023/PE, que busca simplificar el proceso de exportaciones forestales, advierten.
El 20 de febrero de este año, el Gobierno de Dina Boluarte presentó al Congreso de la República este proyecto, respaldado por la presidenta y, en su momento, por el expremier Alberto Otárola, buscando agilizar la autorización de manejo de especies enlistadas en la Convención CITES, que, como se sabe, regula el comercio internacional de especies que se encuentran bajo algún grado de amenaza.
Sin embargo, este ha generado críticas por su potencial impacto negativo en la conservación de los recursos forestales y su posible beneficio para intereses económicos a expensas de la defensa del ambiente.
Con este tipo de denuncias basada en el accionar de este gobierno es muy difícil pensar que en la COP 16 nuestro país pueda cumplir algún rol importante en defensa de la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de la misma.
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