El 1º de julio, Southern Perú subsidiaria de l Grupo México anunció que reiniciaba actividades en la mina de cobre Tía María. No tenía y no tiene licencia social, pero hizo el anuncio.
Campesinos y campesinas de Islay (Arequipa), por supuesto, salieron a protestar, como lo han venido haciendo desde el 2011. Por esas fechas el primer Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue puesto en cuestión por Naciones Unidas, el uso de las aguas subterráneas era el punto álgido en el conflicto.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) estableció que el EIA carecía de estudio de agua y suelo y que la mina usaría no el agua de mar como decía sino de una desembocadura de río.
En su mensaje a la nación por fiestas patrias, el 28 de julio, Dina Boluarte reiteró el respaldo del Ejecutivo a Tía María. El ministro de Energía, Rómulo Mucho, es accionista y gerente general de una empresa contratista de la misma Southern Perú, perteneciente al Grupo México, en un evidente conflicto de intereses.
Este conflicto entre agro y minería que en realidad es entre lucro privado y conservación del medio ambiente ya se ha cobrado víctimas fatales, esperemos que el gobierno evite más muertes y haga respetar las normas ambientales y la agricultura por encima del espíritu de lucro de la empresa.
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